- Se incrementan denuncias ante TEPJF
La especialista en temas electorales, Carla Astrid Humphrey Jordán, afirmó que desde marzo pasado cuando se publicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido 16 sentencias en la materia.
Humphrey Jordán, quien actualmente trabaja con la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, en el Tribunal Electoral, dijo que hasta ahora sólo Oaxaca y Veracruz han tipificado la violencia política de género, mientras que Campeche, Coahuila, Baja California y Jalisco, incluyeron el concepto en sus leyes locales.
Al participar ayer en un coloquio sobre democracia en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), la también aspirante a magistrada electoral, dijo que los casos de violencia hacia mujeres que ganaron elecciones van en aumento como lo muestran las denuncias en medios de comunicación.
La especialista recordó que durante el proceso electoral de 2014-2015 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 38 denuncias al respecto.
Ante esta situación en marzo pasado el TEPJF junto con la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otras autoridades, publicaron un protocolo para identificar la violencia política de género y coordinar a distintos organismos para hacer frente a este fenómeno.
En los meses recientes se han hecho públicos casos en Guerrero, Oaxaca y Morelos, donde mujeres que fueron electas para ejercer un cargo son violentadas para no desempeñar sus funciones.
Al respecto Humphrey Jordán destacó que entre las denuncias está el caso de Gabriela Olvera Marcial, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una diputación federal en 2015 y quien fue desacreditada en su imagen pública y en su intimidad.
Y es que durante su campaña circularon en redes sociales imágenes de la joven en ropa interior, luego de que ella manifestara su desacuerdo por la candidatura que su partido impulsó para la gubernatura de Oaxaca.
Un caso más fue el de la alcaldesa del municipio de Chenalhó en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en mayo pasado fue obligada a renunciar a su cargo por pobladores que se dijeron inconformes con su gestión. Para obligarla a dejar el cargo, secuestraron a dos diputados del congreso local.
La especialista consideró que la destitución de la alcaldesa es un caso de especial preocupación y refirió que el pasado 7 de junio la afectada presentó un juicio de protección ante el TEPJF para impugnar la designación del presidente municipal sustituto.
Asimismo en este juicio por primera vez una autoridad jurisdiccional emitió medidas de protección para una quejosa.
Otro episodio de violencia fue en contra de la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, quien fue violentada por sus pares varones, los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oscar Kalixto Sánchez, quienes le impidieron la entrada a su oficina y le negaron información.
Pedroza Reyes denunció la obstaculización de sus labores ante la Sala Superior del TEPJF quien el pasado 30 de marzo acreditó el acoso laboral y ordenó una investigación en la contraloría interna y en el Senado, éste último por ser el órgano que nombró a la magistrada y a los dos magistrados.
Otro juicio que resolvió el Tribunal Electoral fue el que presentó la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, quien se quejó por un espot que apareció en radio y televisión que, en su opinión, afectó su derecho a la igualdad y no discriminación.
En el promocional se comparaba a la candidata con un político poblano y a decir de los magistrados que resolvieron el caso se entendía que ella no podía gobernar por ser mujer, por lo que resolvieron que el espot tenía lenguaje basado en estereotipos de género y por tanto era discriminador.
Al respecto Humphrey Jordán destacó que las mujeres están alzando la voz para denunciar cuando son violentadas por ejercer funciones públicas, y por ello aseguró que las autoridades electorales tienen el reto de garantizar que aquellas que fueron candidatas y resultaron electas puedan ejercer sus cargos.
Fuente: Cimacnoticias